La normativa, cuya entrada en vigor está prevista para el 1 de enero de 2023, está afectando a diversos sectores que deberán adaptarse para cumplir con los objetivos establecidos. Uno de los aspectos que José Guaita, presidente de Heura, ha querido resaltar es que “a pesar del avance de las tecnologías para envases industriales y comerciales, todavía no tenemos nada que nos ayude al cumplimiento para que sea un proceso económicamente sostenible”.

Así, José Guaita ha señalado que la digitalización surge como “herramienta para para mejorar la economía circular en la industria”. Por ejemplo, en el caso español existe una cierta desconexión entre el Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria que dificulta la comprensión y el desarrollo de medidas por parte de los fabricantes y productores de envase y embalaje.

También ha intervenido Faysal Assakale, tax manager de Ayming, para añadir que el impuesto al plástico “no solo recoge aspectos económicos, sino que también requiere una serie de formalidades de contabilidad, existencias y facturación, por lo que esta ley va a traer consigo un cambio muy importante en las empresas a nivel de gestión”.

La clave está en toda la cadena de valor

Mientras, el representante de Heura ha destacado que “pese a que la responsabilidad recae sobre el envasador, toda la cadena productiva está dentro de esta ley”, destacando la implicación de todos sus miembros para el correcto cumplimiento de la legislación.

Por tanto, el sector está cambiando y dando importancia a la información, pues la trazabilidad de los productos, según Faysal Assakale, es “vital y una oportunidad para pasar de una economía lineal a circular, que es lo que pretende la normativa”.

En esta línea, según ha destacado Mariana Reina, experta legal de AIMPLAS, “la comunicación con el consumidor y toda la cadena de valor es clave, pues si este lo interpreta como desechable no conseguiremos un proceso de economía circular completo y ese residuo va a generar más peso en el recibo”.

Además, otro de los pilares de la sesión que ha destacado Lorena Rodríguez, Packaging Leader Group en AIMPLAS, ha sido la capacidad que existe de, hasta 2023, aminorar el impuesto a través de una declaración responsable. Un trámite que Rodríguez ha destacado como “una obligación del productor de aportar toda la información necesaria al comprador para demostrar el contenido de plástico virgen del producto, además de la especificación del impuesto en la facturación de la compra”.

Limitaciones en los objetivos europeos

El impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizable es una de las mayores preocupaciones del sector del packaging. Así, los profesionales han querido destacar en esta jornada cómo las empresas deben prepararse ante esta nueva legislación.

Una legislación que se marca a nivel europeo, pero se aplica de manera distinta en cada país, con el fin de generar más recursos y hacer que cada estado aporte 0’8 euros por cada kilogramo de plástico generado.

Ante esto, Paula Torrijos, técnico de proyectos de la unidad de envases y economía circular en ITENE, ha hecho hincapié en que “no todos los envases se van a poder transformar a reutilizables porque existen ciertas limitaciones”.

Una variable que dificulta los objetivos europeos de reutilización marcados para el año 2030, en el que se debe conseguir que un 20% de los envases ha de ser reciclado y un 30% en 2035.  

Por último, Torrijos ha insistido en que, pese a que no todos los envases podrán reutilizarse y volver al inicio de la cadena de valor, pueden convivir con sistemas híbridos, en los que a nivel doméstico los usuarios le darán un nuevo uso, prolongando así su vida útil.

Pese a todas las problemáticas que surgen con esta nueva ley, por el cambio que suponen en el sector del packaging, en España se mantienen unas limitaciones que los expertos califican como más conservadoras ante el resto de Europa.

De esta forma los fabricantes y productores de envases empiezan a prepararse para poder adaptar su producción y actividad al nuevo marco legislativo, que empezará a ser una realidad para muchas empresas a partir del próximo año para poder cumplir los objetivos de la Agenda 2030.