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Entrevista a Mar Guardiola es directora en el departamento de Fiscal de la oficina Andersen de Valencia.

Aimplas organiza la V edición del foro de plásticos y legislación OKPLAST, que tendrá lugar los días 27 y 28 de mayo de 2025. El seminario tiene como objetivo presentar la situación actual, novedades y tendencias en la legislación y la normativa que regula la industria del plástico. Andersen es unos de los partners de este even to y Mar Guardiola dará una conferencia sobre "Actualización del impuesto sobre envases de plástico no reutilizables. Cuestiones controvertidas y dificultades en la gestión", el día 28 de mayo a las 10.15 horas.

Desde Andersen tenéis una participación destacada en esta quinta edición de OKPLAST. ¿Qué papel creéis que debe jugar la consultoría legal y fiscal en un momento de tantos cambios normativos?

Para nosotros en Andersen es un verdadero honor participar activamente en esta nueva edición de OKPLAST, un foro que valoramos por su capacidad de generar conocimiento y compartir experiencias clave para el sector. En un contexto de alta volatilidad normativa, como el actual, creemos que la consultoría legal y fiscal debe asumir un rol estratégico. Más allá del mero cumplimiento, se trata de ayudar a las empresas a interpretar los cambios con visión de futuro, integrar criterios jurídicos sólidos en su toma de decisiones y construir estructuras que les aporten seguridad y flexibilidad a la vez. Nuestra función, por tanto, es anticipar, traducir la complejidad normativa en oportunidades reales, y acompañar al tejido empresarial en su adaptación constante.
 
El nuevo Reglamento europeo sobre envases y residuos de envases plantea desafíos importantes en términos de reciclabilidad, reutilización y contenido reciclado. ¿Qué aspectos están generando más incertidumbre jurídica entre las empresas del sector?

En España, el Real Decreto 1055/2022, de 17 de diciembre, de envases y residuos de envases (RDERE) anticipaba algunas medidas que ahora quedan incluidas en el Reglamento europeo y que, por tanto, ya deberían estar implementadas en nuestro país. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico tiene la tarea de revisar el RD 1055/2022 y la Ley de Residuos para asegurar la adecuada aplicación del Reglamento. Mientras tanto, las empresas afectadas están pendientes de que se concreten sus obligaciones y para ello es preciso que se acompasen ambas normas nacionales a la nueva regulación europea, la cual introduce nuevas y rigurosas medidas obligatorias para los fabricantes de los envases. Por ejemplo: restricciones al uso de determinados formatos de envases (principalmente, envases de plásticos de un solo uso), medidas para evitar envases excesivos, nuevos requisitos para los envases comercializados en la Unión Europea (algunos en función de su composición - de plástico, reciclables, compostables, reutilizables, etc.). Precisamente, este mes de mayo el Ministerio ha publicado la Consulta pública previa para la modificación del RDERE. En nuestra opinión, entre los temas que hay que regular destacan los SDDR (Sistemas de Depósito, Devolución y Retorno) con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento europeo. Adicionalmente, será preciso regular el régimen de competencia entre SCRAP de envases tal como ha señalado la CNMC.
 
Uno de los temas más sensibles es el impuesto a los envases de plástico no reutilizables. ¿Cómo está afectando su aplicación práctica a las compañías y qué recomendaciones ofrecéis desde Andersen para abordarlo con garantías?

Tras dos años de puesta en marcha del impuesto, generalmente, por nuestra experiencia, las empresas ya están bastante rodadas y han adaptado sus procedimientos y sistemas para cumplir con las obligaciones derivadas del impuesto. No obstante, nos consta que les resulta complicado asegurar la trazabilidad para obtener las devoluciones y beneficios fiscales que prevé la regulación. Además, el caballo de batalla ahora es conseguir los certificados para acreditar el plástico reciclado, sin los cuales no puede aplicarse una reducción de la base imponible por la parte de plástico reciclado de los envases. Por otro lado, la inspección tributaria ha empezado a comprobar a los contribuyentes, de manera que recomendamos a los afectados que estén preparados y lleven al día sus obligaciones.
 
En el contexto actual, ¿cuáles son los errores más comunes que están cometiendo las empresas del sector del plástico al enfrentarse a sus obligaciones fiscales y de responsabilidad ampliada del productor (RAP)?

Desde el despacho observamos que muchas empresas tienen cierta confusión entre sus obligaciones en materia de RAP a efectos de envases y residuos de envases y las obligaciones derivadas del impuesto especial sobre envases de plástico no reutilizables, si bien ambas obligaciones son totalmente distintas. En el primer caso, la competencia es del Ministerio para la Transición Ecológica y el Retro Demográfico, mientras que el control sobre el impuesto se ejerce por parte de la Agencia Tributaria del Ministerio de Hacienda. La confusión puede dar lugar al error de pensar que estando registrados como productor de producto y pagando una contribución a un SCRAP, se dan por cumplidas todas las obligaciones.
 
OKPLAST quiere ayudar a las empresas a ampliar su información para anticipar riesgos y tomar decisiones estratégicas. Desde vuestra experiencia, ¿cuáles son las claves para que las empresas se adapten con agilidad al tsunami legislativo que viene, sin comprometer su competitividad?

Es una iniciativa muy acertada, porque hoy más que nunca la información es poder… pero, sobre todo, poder anticiparse. Desde nuestra experiencia, las empresas que mejor se adaptan al entorno regulatorio son aquellas que incorporan una cultura de cumplimiento proactivo y de aprendizaje continuo. Esta variable es clave, incorporar en el ADN de la organización, una estricta y continua observancia de las obligaciones que les afectan hoy permite partir de una base mucho más cercana al cumplimiento de las obligaciones de mañana.

Algunas claves fundamentales serían: contar con equipos internos bien informados y abiertos a la colaboración con expertos externos; establecer canales de comunicación eficientes entre las áreas jurídica, fiscal y operativa; y, por supuesto, mantenerse actualizadas de forma sistemática. En Andersen insistimos también en el valor de realizar diagnósticos preventivos y simulaciones que permitan visualizar escenarios antes de que las normas entren en vigor.
La competitividad y el cumplimiento no son excluyentes. Bien gestionados, los cambios regulatorios pueden ser incluso una ventaja frente a competidores menos ágiles.

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